La Fiscalía le imputa los cargos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, arriesgando hasta 15 años de cárcel
El exdiputado Joaquín Lavín León y antiguo militante de la UDI, partido al que renunció en 2024, compareció este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde comenzó el proceso de formalización por presuntos delitos de corrupción relacionados con la gestión de su esposa, Cathy Barriga, durante su período como alcaldesa de la Municipalidad de Maipú.
La sesión comenzó pasada las 9:00 de la mañana en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía presentó cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
Además de Lavín, también están siendo imputados su exasesor Arnaldo Domínguez y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva. Según la Fiscalía, Lavín habría presentado facturas ideológicamente falsas por un monto cercano a los 104 millones de pesos ante la Cámara de Diputados y el Servicio Electoral. Estas facturas estaban a nombre de la imprenta MMG, propiedad de Juan Silva, y la empresa Modo 74 SPA, perteneciente a Felipe Vázquez.
En el caso están involucrados como querellantes la actual administración de la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, todos trabajando junto con la Fiscalía Metropolitana Oriente.
La fiscal Constanza Encina declaró que existen antecedentes que configuran un posible delito de tráfico de influencias por parte del exdiputado en el Distrito 8, el cual incluye la comuna de Maipú. Además, mencionó que se han encontrado evidencias relacionadas con asignaciones parlamentarias irregulares gestionadas mediante facturas falsas. La fiscal también adelantó que están evaluando ampliar la formalización para incluir otros delitos vinculados a la Ley Electoral.
En octubre pasado, Lavín fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago, decisión que fue ratificada en febrero por la Corte Suprema, al considerar que existían antecedentes suficientes para acreditar su posible participación en los hechos investigados.
Por su parte, al llegar esta mañana al Centro de Justicia de Santiago, el abogado defensor Cristóbal Bonacic anunció que solicitaría el sobreseimiento parcial del caso durante la audiencia. También rechazó la posibilidad de que se imponga una medida cautelar como la prisión preventiva para su cliente. Según el abogado, hay pruebas que demuestran que todos los servicios fueron pagados a los proveedores y acusó a la Fiscalía de seleccionar arbitrariamente las transferencias analizadas para sustentar sus argumentos.
Deja una respuesta