El exparlamentario deberá permanecer 90 días en prisión preventiva mientras se realiza el desarrollo de la investigación
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, tras extensas sesiones de formalización.
Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia validó los delitos imputados contra Lavín León, entre los que se cuentan fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. Por su parte, a Domínguez se le atribuyeron cohecho, infracciones a la ley electoral y delitos tributarios.
El magistrado argumentó que, dadas la gravedad de las posibles sanciones, la reiteración de los delitos y la naturaleza de los crímenes -que exceden el presidio mayor en su grado mínimo-, la libertad de los imputados representa un riesgo para la sociedad, por lo que se determinó su prisión preventiva.
“…Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo(…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó, el juez Urrutia.
El tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. Según la fiscalía, el perjuicio fiscal alcanzaría los 104 millones de pesos, en una causa que acusa la existencia de un mecanismo diseñado para desviar recursos públicos con fines personales y electorales. En contraste, la defensa rechazó las acusaciones y atribuyó las irregularidades a errores administrativos.
Lavín León, quien en su momento fue considerado una figura renovadora dentro de uno de los apellidos más icónicos de la centroderecha, enfrenta este proceso judicial tras perder su fuero parlamentario y renunciar a la UDI, quedando fuera del panorama político del partido.
Esta formalización representa un momento crucial en una investigación conducida por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la cual sostiene que los antecedentes recopilados apuntan a una estructura destinada al uso indebido de fondos públicos, más allá de hechos aislados.
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