Fiscalía Oriente solicitó alzamiento del secreto bancario en cuentas del Diputado Lavín y otros 20 implicados

A Lavín León se le ha denominado «el alcalde en las sombras» por la influencia que tendría, según declaraciones de testigos e involucrados en la investigación

Tras las indagaciones realizada por la fiscalía metropolitana oriente en el caso de Cathy Barriga, dentro de sus argumentos acusatorios salió a la palestra el nombre del diputado Joaquín Lavín esposo de la imputada, lo que dirigió las miradas de los investigadores hacia el diputado por el distrito ocho

Según refiere este sábado 20 de enero La Tercera, señaló que hace dos meses el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, solicitó el alzamiento del secreto bancario de las cuentas de Lavín León y el pasado 5 de diciembre el juez Hugo Torres accedió a la solicitud y ordenó levantar el secreto bancario de él, su esposa, Cathy Barriga, y otras 20 personas que prestaban servicios para la municipalidad.

La resolución del magistrado señala: “Se autoriza lo solicitado, ordenándose levantar el secreto bancario de las personas naturales y jurídicas individualizadas, para que las instituciones bancarias respectivas remitan al Ministerio Público con carácter de urgente la información solicitada, relativa al período que comprende desde diciembre del año 2016 hasta junio del año 2021, sin previa comunicación a los afectados”.

A Lavín León se le ha denominado como «el alcalde en las sombras» por la influencia que tendría, según declaraciones de testigos e involucrados en la investigación, en las decisiones que tomaba la exalcaldesa en su gestión.

Según el Poder Judicial, entre 2016 y 2021, la imputada Barriga Guerra, en calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, habría realizado diversas maniobras defraudatorias para manipular la disponibilidad presupuestaria municipal, consistentes, esencialmente, en abultar los ingresos y subvalorar los gastos municipales. Manipulaciones que le habrían permitido financiar la adquisición de diversos bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión y que tuvieron costos multimillonarios, por lo que dejó sin pagar obligaciones contraídas por el municipio.

El actuar de la otrora alcaldesa, junto a los demás imputados que formaban parte de su círculo de confianza, habría generado un perjuicio fiscal que a la fecha, correspondería, al menos, a $30.972.845.635, pero cuya cuantía final, según la fiscalía será calculada por medio de auditorías forenses.