Denuncian presunta estafa en campamento Santa Marta en Maipú
La acción legal habría sido interpuesta por la Municipalidad de Maipú contra una mujer, supuestamente dirigente del campamento Santa Marta
Un denuncia de estafa fue presentada por la Municipalidad de Maipú en contra de una mujer, que, presentándose como dirigenta del campamento Santa Marta, habría cobrado hasta $100.000 a familias en situación de vulnerabilidad bajo promesas judiciales y habitacionales sin sustento legal.
Desde el municipio recalcan que el terreno donde se instalaría el complejo habitacional es un Bien Nacional de Uso Público, por lo que no es posible garantizar la permanencia ni desarrollar proyectos habitacionales en el lugar.
Ante este hecho, la Municipalidad de Maipú presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de presunta estafa en contra de Ruth Carolina Fuentes Hevia, quien se presenta como dirigenta del campamento Santa Marta, ubicado entre avenida Los Pajaritos y Camino a Melipilla.
Según los antecedentes expuestos, la imputada habría cobrado hasta $100.000 por grupo familiar a vecinos en situación de vulnerabilidad, bajo la promesa de supuestos resultados judiciales y soluciones habitacionales que no cuentan con sustento legal. Parte de estos cobros se habrían realizado en efectivo o mediante transferencias electrónicas, sin contratos ni comprobantes de pago.
Asimismo, el libelo acusatorio señala que la mujer habría instado a las familias a contratar abogados —cuyos antecedentes aún se desconocen—, asegurándoles que no serían desalojadas e incluso planteando la posibilidad de desarrollar un proyecto habitacional en el mismo terreno. Además, se reportan presiones indebidas a vecinos y funcionarios municipales, incluyendo mensajes intimidantes, grabaciones y obstaculización de la entrega de información.
Desde el municipio aclararon que el terreno corresponde a un Bien Nacional de Uso Público, lo que hace legalmente imposible cualquier proyecto habitacional en el lugar independientemente de la voluntad de autoridades municipales, judiciales o del nivel central. Asimismo, plantearon que ninguna acción judicial puede garantizar la permanencia indefinida ni suspender automáticamente un eventual desalojo.
Actualmente, la Municipalidad de Maipú desarrolla un proceso de intervención social orientado a apoyar a las familias en el abandono voluntario del campamento, que contempla aportes para arriendo, apoyo en traslados, acompañamiento social y apoyo en la postulación a subsidios habitacionales, entre otras medidas.
Finalmente, el municipio solicitó diligencias investigativas para recabar declaraciones de las familias afectadas, identificar a los abogados involucrados y levantar antecedentes relevantes sobre los pagos realizados.