El tribunal declaró admisible el recurso presentado por la Fundación Defendamos la Ciudad, luego que Contraloría ordenara al municipio de Estación Central invalidar permisos de edificación de unos 25 proyectos.
Admisible declaró en el día de ayer el recurso de protección presentado ante ese tribunal por la Fundación Defendamos la Ciudad y la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación
Central, quienes recurrieron a ese tribunal de alzada que ordene al municipio iniciar los procedimientos de invalidación de permisos de edificación de alrededor de 50 proyectos.
Recurso presentado ante el tribunal, luego que la Contraloría General de la República dictaminara en noviembre pasado, que los permisos otorgados a las constructoras son ilegales y que además iniciara la rea la realización de un sumario interno en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Estación Central y fin de establecer las responsabilidades en la materia.
El tribunal dio un plazo perentorio de cinco días al municipio para que entregue un informe sobre la materia y además envíe todos los antecedentes que existan respecto a este tema, el cual motivó el recuso de protección presentado por el organismo recurrente.
Junto a esto los integrantes de la sala de la corte, decidieron adjuntar a este proceso, el recurso de protección presentado anteriormente por las Inmobiliarias “Fortaleza, Eurocorp y otras, recurrieron al mismo tribunal solicitando se paralice todos los efectos directos e indirectos arrojados por el dictamen de la Contraloría y que paralice o deje sin efecto todo procedimiento invalidatorio iniciado a raíz de esta determinación por parte de la Dirección General de Obras de la Municipalidad de Estación Central.
Según expresó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), lo resuelto por la Contraloría impactaría notablemente a las constructoras ya que solo considerando los 28 proyectos ya iniciados contemplan inversiones por más de US$ 600 millones, y además la medida afectaría a más 15 mil trabajadores.
Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una “vulneración de garantías fundamentales” y una afectación al “derecho a desarrollar una actividad económica lícita”.
Voceros de la constructora Fortaleza, apuntaron además a que la interpretación retroactiva del contralor afecta los derechos fundamentales de cientos de personas, entre ellas los bancos financistas, contratistas,
subcontratistas, compradores, y principalmente los cientos de trabajadores directos que desempeñan sus funciones en las obras actualmente en construcción.