Municipio de Santiago demanda a exfuncionarios por no restituir dineros

romero

Uno de los involucrados es el Diputado Agustín Romero, quién debe devolver al municipio santiaguino $11.320.978, por el pago de horas extras que nunca realizó


Una demanda civil por el cobro de horas extras injustificadas contra tres exfuncionarios de la Municipalidad de Santiago, está realizando dicho municipio, en contra de Juan Francisco García, exadministrador municipal, José Ignacio Labbé, exjefe de gabinete del municipio, y el actual diputado Republicano Agustín Romero, quien entonces se desempeñaba como director jurídico.

Esto luego que la Contraloría General de la República se pronunciara respecto a este caso, donde el organismo contralor tras revisar los documentos, encontró inconsistencias y enmendaduras en los registros de asistencia, además de horas extra no justificadas. Ordenándose a los involucrados restituir dichos dineros

A raíz de la no restitución de los dineros ordenado por la Contraloría en diciembre de 2021, la actual administración de la municipalidad de Santiago, liderada por Irací Hassler (PC), decidió interponer una querella y demandar a los involucrados por fraude al fisco, lo que según lo informado por Biobío, a los involucrados se les habría cancelado por concepto de horas extras

Una cantidad superior a los $35 millones: Romero debe $11.320.978, García $13.918.846, mientras que en el caso Labbé corresponde a $11.112.008.

Además, ya en en el mes de agosto de 2023, agrega el medio, se enviaron cartas a los tres acusados para realizar una audiencia y regularizar el pago de los dineros ante las irregularidades detectadas. Sin embargo, ninguno asistió. Araíz de esta acción por parte de los involucrados el municipio de Santiago, presentó las demandas civiles respectivas para exigir el pago de los montos antes mencionados.

Por su parte, uno de los afectados, el diputado por el distrito 8, Agustín Romero respondió a través de un comunicado, señalando que -hasta el momento- no ha sido notificado oficialmente, por lo que “carece” de información directa y detallada sobre los motivos y alcance de la demanda.

“Considero esta demanda como un intento de amedrentamiento, cuyo objetivo parece ser obstaculizar mis esfuerzos de fiscalización hacia el Gobierno y crear una cortina de humo para proteger a sus autoridades involucradas en casos de corrupción”, agregó el parlamentario.

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