Duro revés sufre Cathy Barriga ante el Tribunal Calificador de Elecciones
La exedil de la comuna de Maipú buscaba dejar sin efecto nuevas sentencias condenatorias por “notable abandono de deberes”
Este miércoles, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó un recurso interpuesto por la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La cual, buscaba dejar sin efecto nuevas sentencias condenatorias según consignó La Tercera,
Recordemos que, actualmente, la ex jefa comunal está cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional tras ser formalizada por reiterados delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público por más de 31 mil millones de pesos.
Las nuevas sentencias a las que se refiere la defensa de Barriga, se debe a que en la causa electoral del Tricel, la ex jefa comunal es acusada de un “notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa”, la cual data del 2021,publica La Tercera.
En dicha fecha, un grupo de siete concejales, liderados por Ka Quiroz (ex-Comunes), fue hasta el Primer Tribunal Electoral para presentar un recurso donde cuestionaban una serie de gastos y acciones realizadas por su gestión. Estos pedían que se le inhabilite de ejercer cargos públicos.
Frente a estas acusaciones y luego de haber sido formalizada ante el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 9 de febrero los abogados de la exalcaldesa presentaron una solicitud para que se desestimen las acusaciones. Sin embargo, el Tricel le negó la petición.
Por su parte, la abogada Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento, Walker y García Abogados, y quien representa a los concejales, explicó que “las irregularidades tanto financieras como administrativas vulneran gravemente la probidad administrativa y constituyen un notable abandono de deberes de parte de la exalcaldesa de Maipú”.
Además, en el documento presentado por las querellantes, destacaron la necesidad de continuar el caso por el “principio democrático”, apuntando a la “estabilización del mandato de las máximas autoridades locales de actuar conforme a la Constitución y las leyes
